El Gobierno anuncia un plan que movilizará 200.000 millones para amortiguar la crisis del coronavirus

“Son días muy duros”. Estas palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han acompañan el anuncio del segundo paquete de medidas económicas para amortiguar el impacto en la actividad de la crisis del coronavirus. Una sola cifra de las que acompaña a este paquete da fe de esa dureza: 200.000 millones de euros, entre fondos públicos y privados, una cantidad similar al 20% del PIB. “Son tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias”, ha añadido al acabar el Consejo de Ministros que ha dado luz verde a las medidas.

De esos 200.000 millones, la mitad corresponden a una línea de avales pública para que las empresas no se queden sin liquidez. Otros 17.000 millones es dinero para apoyar a los colectivos que van a sufrir el golpe, ha apuntado Sánchez. “El resto se completará con recursos privados. Será la mayor movilización de recursos de la historia democrática de España”, ha esgrimido.

Esa gran cantidad de dinero se concreta en un real decreto de 45 páginas, según una de las últimas versiones, para evitar la destrucción de tejido productivo y activar medidas de protección social para los colectivos más desfavorecidos. “Son tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias”, ha continuado el presidente en otra de esas frases con las que trata de concienciar a la sociedad española de la gravedad de la situación. Y, para eso, ha advertido de que España recorre “un camino plagado de sombras y de incertidumbre”.

El decreto aprobado incluye una moratoria del pago de hipotecas sobre la vivienda habitual para trabajadores y autónomos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y para los afectados de la Covid-19. La medida está pensada, según explican fuentes gubernamentales, para trabajadores que pierdan su empleo por la crisis desatada por el coronavirus y autónomos que sufran una caída drástica de sus ingresos por la crisis.

Esta sería la medida más destacada y sigue la estela de lo que se aprobó hace ya días en Italia y ayer en Francia. Formaría parte del “escudo social”, la línea de apoyo a familias que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado al comprometerse a aprobar este martes un segundo paquete de medidas económicas en cuatro líneas: agilización de los expedientes de despidos temporales (ERTE), apoyo a los trabajadores y empresas afectados por las caídas de actividad “y a la emergencia económica derivada del coronavirus”, medidas para garantizar la liquidez de las empresas y una última para impulsar la investigación para conseguir la vacuna contra el virus. Esa moratoria tendrá una duración de uno a tres meses, según las fuentes consultadas.

Con la moratoria hipotecaria, pretende proteger a aquellos que queden en situación de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria, pero no es la única para esto. El decreto que se aprobará hoy incluye también la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables. El Consejo de Ministros ha debatido también si ampliar la moratoria a los alquileres, pero de momento no hay acuerdo en ese punto, informan fuentes oficiales.

Líneas de avales de hasta 100.000 millones
Pero hay más. El decreto activa una línea de avales y garantías de 100.000 millones, aunque esa cifra está en discusión hasta el último momento, para evitar que las empresas cierren la persiana por falta de liquidez. El Gobierno también aprobará medidas en las otras líneas anunciadas por Sánchez. La principal es la flexibilización de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) que permita el cobro de la prestación por desempleo sin cumplir el requisito de carencia a los afectados por los mismos ni sin consumir los derechos de prestación ya acumulados. El borrador incluye una exoneración del 100% de las cotizaciones para las pymes que mantengan el empleo, y del 75% para el resto de empresas, pero esas cifras están siempre ligadas al mantenimiento de las plantillas. Y medidas para las cuotas de autónomos que sufran desplome de su cifra de negocio.

Adaptación de las jornadas laborales
La previsión es que permita a los trabajadores la adaptación de su jornada laboral, o reducirla incluso hasta el 100%, cuando su presencia sea necesaria para atender a otra que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, requiera de un cuidado personal y directo "siempre que acrediten deberes de cuidado a personas que requieren de su presencia”. Este derecho sería individual de cada uno de los progenitores.

El objetivo de estas medidas, explica el borrador, es configurar un conjunto de garantías para evitar la aplicación de sanciones por faltas de asistencia de los trabajadores ante la necesidad de atender al cuidado de personas a su cargo.
El texto establece algunas de las medidas que habían demandado sindicatos y empresarios. Una es esa flexibilización de los ERTE y otra el reconocimiento de la prestación de desempleo sin periodos mínimos de cotización ni mengua de derechos acumulados.

Las fuentes consultadas apuntan que ese decreto es un primer paso, para paliar la destrucción de empresas y ayudar a los colectivos más afectados por el coronavirus. Economía prepara, además, una segunda intervención con medidas keynesianas, que se activarán cuando el contagio del virus esté más controlado. Se trata así de activar una intervención en dos fases, según fuentes del Gobierno, ante el alud de despidos y el desplome del PIB en el segundo trimestre del año.